Muy lejos del ideal, el sistema tributario argentino, muestra comparativamente con respecto al de otras economías una marcada inequidad y regresividad. Hoy, que se debaten banalidades como si coparticipar o no el Impuesto al Cheque a las provincias –típico parche de la política argentina-, se esquiva un debate de fondo que siente las bases de un modelo impositivo más justo y de mayor calidad.Nuestra estructura tributaria expone mayor preponderancia de los llamados “impuestos al consumo” -un 40/45% de la recaudación total- y una menor tributación a las rentas -con valores cercanos al 18/20% del total-.
A las voces empresarias y mediáticas -empresarias al fin- que pugnan por una menor carga tributaria, el Estado Argentino responde con un nivel de carga que está aún muy lejos de los valores que portan las llamadas economías del primer mundo y aún, con respecto a algunos de los llamados países emergentes, siempre considerando la carga de los tributos con respecto al PBI (Producto Bruto Interno).
A esto se le agrega la inequidad que sufren los estratos poblacionales de menores ingresos, la falta de controles que auguren una menor evasión y una mayor simplificación de toda la estructura a fines de este mayor control.
Es destacable la falta de calidad de una justicia que pene a los evasores, donde las estadísticas dicen que en un nivel de evasión calculado en el 35/40% del total de la recaudación y teniendo a mano una herramienta legal -la ley 24.769, Régimen Penal Tributario, con penas de prisión efectiva ante los casos más graves-, la cantidad de condenas no llega al 1% (0,8 en realidad) de los montos denunciados.
Los impuestos a la renta; utilidades y ganancias de capital; al consumo de bienes o servicios; la seguridad social; y a la propiedad, representan casi la totalidad de los ingresos con que se conforma el sistema.
En los impuestos al consumo podemos destacar el IVA y a los Ingresos Brutos, donde tallamos entre los países que más gravan estos tributos, con casi un 40% de la recaudación total, contra valores cercanos al 20% en países como Suecia, Suiza, Australia y Japón, o un 25% en otros como Alemania, Francia, Turquía, Canadá e Italia, lejos aún del promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que lo estima en un 30/32%. Una economía sustentable nos sugiere que los contribuyentes de menores ingresos paguen en proporción a los mismos menos que los que tienen ingresos mayores, lo cual en el caso argentino hace al sistema inviable a un desarrollo económico para el conjunto de la población. En el caso del IVA, Brasil coloca la alícuota en el 11%, Costa Rica en el 13%, Venezuela en el 15% y Chile en el 19%. Solo Uruguay lo grava más que Argentina, y allí el impuesto llega al 23%. El IVA nació en 1975 con una alícuota del 12% -y con los productos de la canasta familiar básica exceptuados- , pero sufrió una primera reforma en 1986 -gobierno de Alfonsín- que lo llevó al 18%, para pasar en la administración de Menem -Domingo Cavallo mediante- al actual 21%, con el agravante de que se amplió la base tributaria al derogar las excepciones a los productos básicos de la canasta familiar. Esto empeoró la situación de los artículos de consumo de la capa poblacional de menores recursos, aumentando así la brecha entre ricos y pobres de manera alarmante, amén del aumento en la pobreza.
A la vez, Argentina muestra una baja incidencia en el cobro de impuestos a la renta (Ganancias, a la ganancia mínima presunta, a los juegos de azar, etc.) agravado por las mencionadas fallas recaudatorias que llevan a una mayor evasión ante el ejército de abogados, asesores impositivos y contadores que, junto a la falta de condenas que sugiere la complicidad judicial, aseguran una ventaja comparativa a las grandes empresas y fortunas personales, lo que lleva a gobierno a la preferencia de los impuestos al consumo -y en menor medida al comercio exterior-, todo en desmedro de los que menos tienen.
De un 20% aproximado que se recauda en nuestro país en tributos a la renta, países como Alemania, EEUU, Japón, México, Polonia, España e Italia, recaudan valores cercanos al 30% del total recaudado, mientras que otros como Suecia, Reino Unido e Irlanda lo hacen a valores cercanos al 40%. Ni hablar de economías como Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá o Turquía, que ostentan valores ya cercanos -y en algunos casos superiores- al 50% del total de la torta. Ni siquiera nos acercamos al 36% promedio que marca la OCDE.
En lo que respecta a los tributos a la propiedad (rentas a los bienes raíces, el patrimonio neto, transacciones financieras y de capital, etc.) nos encuentra en un 15% del total, más cercano a los valores internacionales y adonde hoy se discute internacionalmente sobre la conveniencia de aumentar la carga impositiva -en este caso, a las entidades bancarias y financieras- para menguar la incidencia de capitales golondrina que generan frecuentes crisis económicas internacionales.
También la baja de aportes patronales que motorizó el menemismo, hizo que Argentina tenga una débil recaudación con respecto a países como Francia, Suiza, Alemania, Italia, Suecia, Noruega o Japón entre otros, que lograron así plasmar el llamado “Estado de Bienestar”, asegurando un colchón a su población más desprotegida con el fin de vigorizar el mercado interno y con ello la fortaleza de sus economías.
Sólo con la aplicación de retenciones, los impuestos al comercio exterior lograron una marcada suba en el total aportado, los que sumados a la recuperación del dinero de los fondos jubilatorios en manos de las ex AFJP, generó una masa crítica de recursos para redistribuir en sectores de menor ingreso a través de la obra pública, el subsidio a las empresas en crisis para mantener el empleo, la asignación universal por hijo –que a su vez incentiva la escolarización-, el plan de entrega de netbooks a los alumnos secundarios de escuelas estatales, y la intensificación en la generación de empleo a través de la obra pública, todas medidas redistributivas que van en el camino correcto. Esto generó la inmediata reacción de los sectores acomodados de la ciudad y el campo, además de la banca y las grandes empresas en menor medida; temerosos de perder sus enormes ganancias y sus múltiples privilegios, impensables en un país que se precie de “serio”.
Los medios de comunicación nos bombardean con informes de economías a sus ojos “pujantes y sanas” pero no dicen nada en absoluto de que muchos de esos países están basados en una economía de corte progresista, donde la presión tributaria es mayor al 40%, superando en algunos casos el 50% de total de su PBI, comparado al casi 30% de nuestro país. Para tener una idea, es una diferencia anual de recursos del orden de los 40 a 50 mil millones de pesos que tendría el erario público para llevar a cabo la necesaria reforma impositiva, con efectos redistributivos, modificando y mejorando para siempre la vida de las capas sociales más bajas de la población, lo que redundaría en un boom de consumo genuino.
A mayor desarrollo, mayor presión tributaria, siendo a todas luces inviable que los consumidores soporten mayor carga que las empresas. Corregir estos desfasajes mejorando la inequidad vertical entre clases sociales, y reducir a través de un mayor y mejor control para terminar con la inequidad horizontal entre quienes pagan y quienes no, amén de lograr una mejor calidad en el Poder Judicial es el desafío que la política tiene por delante y que nos debe. Esperemos con la esperanza de una gran ley. Eso si, cuanto más rápido, mejor.
ANEXO ESTADISTICO
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