P.J.N.: NOBLEZA OBLIGA.

Al principio, no había hombre por nacimiento mejor que los demás, pues todos descendían de un mismo padre y madre. Pero cuando la envidia y la codicia se apoderaron del mundo y el poder se impuso sobre el derecho, ciertos hombres fueron señalados como garantizadores y defensores de los pobres y los humildes.

Lanzarote del Lago, libro del ciclo de la Vulgata.

A la corporación judicial (y a la oposición que en masa apoya cualquier cosa por el simple pero ya precario concepto de oponerse) le causa pavor que un juez esté en campaña electoral buscando el apoyo de la plebe. Y les resulta escandaloso que un abogado pueda ser electo por esta misma chusma. No son del palo, no saben, no son capaces, no forman parte de la "familia".

¿Cómo se puede permitir que alguien, más aún un simple ciudadano, los baje de su pedestal de mármol, que tengan que presentar declaraciones juradas, que rindan cuentas de sus actos a alguien por fuera de la "familia"?

La visión del juez que defeca bronce y del abogado esculpido en mármol de Carrara, ambos conviviendo con "sus" propias normas, hasta su propio idioma, por fuera del resto de la sociedad, los acostumbró a verse varios escalones sobre ella. Y por eso, para evitar perder esta gracia casi divina, la hicieron inaccesible para los mortales de a pié. Somos gente arropada por un Poder Judicial que actúa como un club privado exclusivo, donde los socios que deseen ingresar solo serán admitidos si vienen recomendados por ellos mismos. Una especie de Jockey Club estatal.

Esta cultura pétrea tiene su origen en la creación misma del Estado Argentino, e incluso fue legada a él en cuanto a los privilegios por el sistema virreinal y monárquico. Incluso aún hoy se mantienen retazos de esos días, hecho confirmado fácilmente con solo pensar en ellos como "sus señorías", un título monárquico del que no goza desde hace mucho ningún otro funcionario de cualquiera de los otros dos poderes del Estado.

Todo esto les garantiza prosperidad, posición social y una catarata de beneficios de los que no gozan los ciudadanos a los que supuestamente dicen representar. No tiene control más allá del que estipulen ellos mismos, no pagan los impuestos que sí paga el resto de la gente, tienen sus altos cargos garantizados (salvo contadas excepciones) de por vida. El sueño del pibe, bah. 

Aún así, los gritos neuróticos de sus señorías tendrían alguna base medianamente razonable si no se tratara de una corporación influenciada no solo por la política, sino -y principalmente- por el poder económico. El lobby constante sobre jueces y empleados judiciales es una constante en el mundo de los negocios (recordemos la truchada en el sorteo de los jueces del caso Clarín o los jueces jubilados que, en la misma causa, asumían con el único fin de beneficiar al multimedio retrasando lo más posible la definición el juicio). El "hacete amigo del juez" que tan sabiamente describió Hernández en el Martín Fierro pegó fuerte en estas pampas y es una realidad cotidiana para todo argentino.

Además, de los tres poderes del Estado establecidos por la Constitución, el Judicial es el único donde los ciudadanos no tienen incidencia ni en su conformación, y menos aún, en su funcionamiento.

En los otros dos casos (Legislativo y Ejecutivo) sus representantes son elegidos a través del sufragio popular y la Constitución les permite desde organizar consultas populares hasta (en ocasiones de excepción) revelarse y hasta levantarse en armas si no cumplen las funciones que la propia Constitución y el pueblo les delegan.

Pero la "familia judicial" no quiere perder ni este ni ninguno de sus privilegios (incluyendo el manejo de una suculenta "caja" que se oponen férreamente que sea manejada por el Consejo de la Magistratura como ordena la Constitución). Parte de los afectados por estos proyectos -lease Colegio de Abogados, asociaciones diversas de jueces y juristas, ONG prendidas en la torta judicial y hasta el propio sindicato- en asociación con una oposición torpe, sin propuestas propias, sin un norte que los guíe más allá de acurrucarse en la sombra protectora de los monopolios mediáticos y los más rancios grupos de poder económico, se oponen con fiereza a estas propuestas -que seguramente son perfectibles, lo cual sería más constructivo de ver- sin presentar alternativa alguna más allá de vociferar a los gritos un apego a la Constitución que ya nadie en su sano juicio puede creer.

Para ellos -por ejemplo- es más democrática una elección donde votan 15 o 20000 personas (abogados) con intereses personales, que una donde voten los 40 millones de argentinos. No. Los descalifican, los desacreditan, los degradan a solo a observar y acatar, casi que piden a los gritos la vuelta del voto calificado. Rechazan todo atisbo de política a pesar de provenir de sus entrañas. Cosa -esto último- que no hacen los judiciales, que se preparan en su mayoría (salvo honrosas excepciones), atrincherados en absoluta unidad.

Alejandro Fargori, uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, llegó a su cargo producto de la unión de dos listas opositoras al gobierno nacional (una históricamente conservadora y la otra que responde a Ricardo Gil Lavedra). Y apenas asumió a su cargo, se afilió al PRO.

¿Cómo entonces Fargori puede pretender que su posición política tiene más valor que la de millones de argentinos?

La tan meneada corrupción

La realidad y el sentido común nos muestran que el judicial es, en líneas generales, un poder corrompido que defiende los intereses corporativos de las grandes empresas, opuestos justamente a los de las mayorías y a la misma democracia. Históricamente, siempre fueron los grupos económicos más concentrados los que avalaron los regímenes de facto o de dudosa legitimidad, obviamente por el fin de lucro y poder, al fin, sus únicas preocupaciones. Y el poder judicial argentino siempre fue parte de ello, dándole a estos gobiernos una pátina de legitimidad, que, aunque pobre institucionalmente, suficiente para las empresas y sus socios fronteras afuera. Y sus señorías nos mostraron con estas actitudes (siempre salvo honrosas excepciones) que les importa un bledo la sociedad a la que supuestamente deberían servir y, más aún, lo que esta piense sobre ellos. Total, son intocables y en sus castillos los murmullos casi no llegan.

En una nota que escribió para Página 12 el juez federal (ya jubilado) Mario Gustavo Costa, cuenta que, en 1988, siendo consejero por la minoría de la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional, propuso realizar una encuesta -que debía ser encargada a consultores externos sin vínculos con el Pjn- para saber que pensaban los ciudadanos del Poder Judicial y como evaluaban sus relaciones con él mismo. La propuesta -como era de esperar- fue rechazada sin más trámite. Un rechazo que defiende la invisibilidad judicial, su secretismo histórico. Un rechazo que muestra la intención de facilitar un accionar de imparcialidad solo aparente, la idea de una justicia técnica, o mejor decir, "boba".

No hace ser muy informado para ver como viven muchos jueces o ex jueces, teniendo un sueldo que a pesar de ser mejor que el del común de la gente, no alcanza ni por aproximación a darle sustento a un estilo de vida lujoso y ostentoso. Pisos en las mejores zonas de la ciudad o casas en countries, autos, ropa exclusiva, excentricidades como el famoso anillo de Oyarbide o el vestidor de Trovatto son escupidos en la cara de ciudadanos que luchan día a día para vivir dignamente. Siempre son "regalos" -a mi nunca me toco un obsequio de ese calibre, debo tener mala suerte- o herencias de parientes que en vida parecían casi insolventes pero lograban ahorrar 800 o 900 mil dólares para la casita de los sueños -a los muertos total no se los juzga-. Y no tengo memoria de alguno que haya ido en cana por estas cuestiones.

Es por esto que también le molesta la injerencia del Estado (del cual parecen no creerse parte) no ya en el teme del Consejo de la Magistratura, sino en el proyecto para el nombramiento de sus colaboradores. Se indignan de un futuro donde no puedan seguir la herencia y nombrar a miembros de la "familia", rechazando pasar a un régimen donde los nombramientos sean por mejor puntaje y posterior sorteo (a través de Lotería Nacional y público para asegurar transparencia). Un método para que ingresen los más capacitados, sin trampas y de cara a la sociedad. Ellos siguen con la cantinela de que "nadie mejor que un juez para elegir a sus colaboradores". Es el sabio dedo que siempre señala a familiares, amigos, o peor aún, ahijados con padrinos influyentes y poderosos.

Y también les molestan -que horror- las declaraciones juradas obligatorias y públicas, que los desnudan a los ojos de la sociedad. Hasta hay jueces "independientes" que dijeron que esto sería "desconfiar de los jueces y estos están por encima de toda sospecha"(sic).

Por todo lo dicho, basta de privilegios, de ventanas cerradas a la gente de a pié, de sanata. Avancemos a una justicia para "todos" y no solo para los que pueden "pagarla". El otro día leí que Dante Panzeri dijo que "al futbol le faltaban wines, dirigentes y decencia". A esta altura, me parece que a la justicia argentina también.